Una mirada crítica sobre la prolongación indefinida de la cuarentena obligatoria
El 25 de marzo de 2020, el presidente Alberto Fernández dijo que “si es necesario, voy a prolongar la cuarentena, porque entre la economía y la salud elijo la salud”. Entendamos algo de esta situación de pandemia tan difícil que estamos atravesando: no existe posibilidad de proteger la salud pública a costa de sacrificar la prosperidad económica de un país. Economía y salud no son factores excluyentes.
Es cierto que hoy atravesamos una profunda crisis que justifica al Estado a tomar medidas de excepción en el corto plazo, pero mí argumento es otro. Mi argumento es que la economía y la salud no deben contraponerse en un juego antagónico porque son igual de importantes. Considero que negar esto resulta irresponsable, falaz y en última instancia gravemente contraproducente.
("Podes detener el carro en cualquier momento, pero al hacerlo interrumpirías su servicio causando a la compañía la pérdida de ganancias...o podrías chocar con todos dentro del carro en el intento de frenarlo")
- Estado de excepción y su debido control
Un Estado de excepción es un Estado difícil de procesar. Como bien lo remarca Gabriela Rodríguez “en tales circunstancias, las autoridades competentes pueden suspender el ejercicio de ciertos derechos [humanos fundamentales] con la sola y única finalidad de restablecer la normalidad y garantizar el goce de los derechos humanos fundamentales”.
Pero como conciudadanos tenemos que contemplar dos ejercicios de ciudadanía tan equivalentes como contradictorios: permitir que las autoridades de policía sanitaria de todos los niveles de Estado ejerzan un poder mayor al que tenían para controlar la propagación del virus, así como controlar sus decisiones con el mayor rigor posible justamente por el mayor poder que ostentan. Esa cuota de poder tiene el costo de nuevas limitaciones de derechos.
Este control ciudadano exige proporcionalidad entre las medidas adoptadas y el objetivo buscado. Las medidas también deben ser transitorias por su excepcionalidad y por encima de todo eficaces en torno a sus objetivos. Por eso una categoría conceptual que podríamos utilizar para nuestro análisis es el estado de necesidad del derecho penal, cuyo límite “está dado por la producción de un mal menor que el evitado”.
Estos requisitos no son antojadizos. Los límites al Estado en una situación excepcional están en el art. 19 y 28 de la CN y en el artículo 4 del PIDCP, el artículo 27 de la CADH y en el artículo 15 del CEDH. Junto a estos parámetros de ponderación de males entre las medidas adoptadas y sus efectos, encontramos los requisitos propios de los que se ha valido el PEN para lidiar con la situación. Así, los requisitos del DNU en el art. 99 inc. 3 de la CN y la herramienta de delegación legislativa del art. 76 también de la Constitución.
Nuestra Corte Suprema, el 12 de setiembre de 1996 en el caso “Irizar José Manuel c/Provincia de Misiones” entendió que “...el poder de policía ha sido definido como la potestad reguladora del ejercicio de los derechos y del cumplimiento de los deberes constitucionales del individuo, la que para reconocer validez constitucional debe reconocer un principio de razonabilidad que disipe toda iniquidad y que relacione los medios elegidos con los propósitos perseguidos”.
Así también lo ha establecido la Corte Interamericana en su opinión consultiva OC-8/87, donde aclaró que si bien la suspensión de derechos constituye una situación excepcional, esto no significa que la misma “comporte la supresión temporal del Estado de derecho o que autorice a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben cernirse”.
- Las consecuencias económicas en los ingresos personales
Ahora bien, cumplir la cuarentena obligatoria generalizada demanda que familias enteras se queden en su casa y sólo salgan para comprar suministros indispensables. Cuando el decreto 260/20 se dictó, sonaba sensato demandarle a la población el aislamiento absoluto. No obstante, aislarse hoy es triplemente dificultoso:
a) Es especialmente dificultoso cuando la fuente de ingresos familiar no es fija: la ausencia de consumo cotidiano y presencial de la población en los negocios ha reducido sus ingresos a prácticamente a 0. Si no se trata de una actividad laboral abarcada por las excepciones del decreto, los negocios no pueden seguir funcionando y por ende las ganancias caen.
Esto ocurre dramáticamente en sectores de turismo y hotelería, pero también está repercutiendo en sectores de transporte (como taxis y privados), autónomos, changarines y sectores profesionalizados (como peluqueros, entrenamiento, entre muchos otros).
Las personas en relación de dependencia tampoco están a salvo por mucho tiempo más. Los gastos fijos que las empresas deberán afrontar sin contar con un margen de consumo ganancial proporcional generará reducción de salarios, suspensión de contratos y en el peor de los casos despidos masivos.
b) Deben comprar más caro y gradualmente en menor cantidad: en situaciones de demandas masivas e imprevistas los proveedores de insumos tienen que lidiar con problemas de desabastecimiento y mayores costos de producción. Paralelamente, los consumidores son limitados en la compra de ciertos productos básicos esenciales con motivo del bienestar general, soportando la pérdida de su poder adquisitivo por la inflación.
En el caso de las empresas, la situación actual es crítica por el incremento de dificultades para ingresar insumos provenientes del mercado internacional, nuevos controles para que ingresen repuestos y exportar materias primas, junto a los demás gastos que debe afrontar el empleador en materia de seguridad de sus instalaciones y de su personal.
Es cierto, el PEN impuso un límite de precios y un riguroso control sobre la especulación. También prevé lanzar un DNU con el objetivo de congelar alquileres y evitar desalojos. Sin embargo, el auxilio económico prestado será financiado con emisión monetaria que generará al mismo tiempo una inexorable inflación sobre todos los bienes de la economía.
- Las consecuencias macroeconómicas de la pandemia y su respuesta a través del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO)
Mayor gasto con menores ingresos
A nivel macroeconómico, nación, provincias y municipios se ven forzados a hacer un doble esfuerzo sin solución de continuidad. Hoy el Estado tiene que realizar mayores gastos extraordinarios para solventar la crisis que representa la pandemia del COVID-19 recibiendo simultáneamente una menor recaudación.
Destaca Juan Gervás que se han tomado medidas drásticas sin mayor rigor científico, “como poner en cuarentena forzada a un país entero e interrumpir toda la actividad industrial y comercial, incluyendo el cese de las actividades escolares en todos sus niveles”. Todo ello, concluye, “afectará más intensamente a quienes están en la marginación [y] especialmente a las mujeres, que ya son el grueso de profesionales sanitarios (70%)”, www.actasanitaria.com/medidas-contra-el-coronavirus-tan-drasticas-que-pueden-provocar-mas-dano-del-que-eviten/.
Mayor producción con menos insumos
Pero quizá uno de los efectos de las medidas de prevención más inexplorados concierne a los daños colaterales de que sólo algunos negocios puedan permanecer abiertos. Los negocios abiertos son principalmente dos: supermercados y farmacias. No obstante, los supermercados como las farmacias dependen de una extensa y variada cadena de producción que requiere operar.
Resulta obvio decir que para vender una caja de leche en un supermercado se requiere previamente un tambo que reciba la leche del campo. Esa fábrica no podrá cerrar, así como tampoco los transportistas que deben llevar la leche hasta el local de ventas. Tampoco podrán hacerlo, en consecuencia, quienes trabajen en una estación de servicio para cargar combustible al transporte y así sucesivamente.
Por imitación, sin embargo, fábricas e integrantes primarios y secundarios de la cadena de producción han detenido su funcionamiento perjudicando el sector terciario de consumo. Sin gozar del privilegio de resguardo ante la pandemia por imitación de otros sectores, cajeristas y empleados de supermercados y farmacias se han convertido en héroes desatendidos de primera línea que sin protección ni preaviso desempeñan un rol igual de importante que el médico en la actualidad.
Iván Carrino destaca que “gracias al COVID-19, hoy el trabajo (en condiciones de utilizarse), ha caído en picada. Las cuarentenas, sean voluntarias o impuestas, están impidiendo en cada vez más países que los trabajadores vayan a trabajar. Como consecuencia, hay menor producción y, por tanto, una peor satisfacción de las necesidades de los ciudadanos”.
Podrá apreciarse, entonces, que las medidas de aislamiento resultan falsas en sus postulados. Es imposible imaginar una actividad en el vacío, como así también los incentivos para prestar una sola tarea a la vez ignorando de forma absoluta lo que ocurre en la puerta de al lado. Se trata malos incentivos para las empresas e insostenibles cadenas de producción y consumo en el futuro.
La compañía “también puede sufrir por falta de los insumos necesarios para producir. Y esto nos lleva al que se considera el insumo productivo por excelencia: el factor humano. Si los trabajadores (…) por algún motivo no pudieran asistir a la fábrica, entonces no habría nada que vender, y la empresa no podría continuar generando rentabilidad”, http://www.losmercadosweb.com/el-coronavirus-y-su-impacto-en-la-economia/
Recesión y aplicación discriminatoria de la ley
Todavía más, los efectos de la cuarentena obligatoria representan una recesión prolongada que toma de mínima la cancelación de los proyectos e inversiones de corto plazo y de máxima un futuro sombrío similar a la economía de guerra. Amenaza, también, a las prestaciones que sí o sí deben realizarse hoy y no mañana.
Cada persona que se encuentre atravesando la cuarentena sabe que la misma significa un conjunto de esfuerzos de reprogramación de actividades al volver a la normalidad. Pero cuando la actividad no puede reprogramarse el esfuerzo es incluso mayor y se paga con derechos, como ocurre en el sistema penal respecto de las personas privadas de su libertad o el sistema de salud respecto de la donación de sangre y en general.
El impacto distinto en la moral de las personas también tiene vinculación directa con el impacto penal, puesto que es más fácil ejercer la persecución penal sobre quien no tiene más remedio que circular caminando frente a quien puede manejar un auto.
Lo mismo ocurre con el miedo generalizado de la población, que está reaccionando ante un evento de magnitudes desconocidas y sin precedentes en la historia moderna. La prolongación de esta situación excepcional puede transmutar de forma peligrosa a ver al otro como una amenaza permanente.
- Control ¿pero a qué costo?
Lo que este duro análisis debe decirnos es que la cuarentena, tal como rige en la actualidad, debe durar lo menos posible. Se debe comenzar a salir gradualmente de ella, aislando sólo a grupos de riesgo del resto de la población sana que atravesará el virus como una gripe, con bajísimo riesgo de mortalidad y a los fines de desarrollar la inmunidad en cadena.
Y esta decisión de salida gradual así debe ser porque el riesgo creado económicamente en la actualidad no puede ser mayor que la peligrosidad del riesgo eventual viral. Esto obliga, necesariamente, a jerarquizar nuestras alternativas y optar por aquella sustentable y menos lesiva para no obtener resultados contraproducentes contra nuestro objetivo de salvar vidas humanas.
Bidart Campos nos dice: “La primera idea que se desprende de lo expuesto es ésta: hay limitaciones permanentes, y hay limitaciones excepcionales que, por eso mismo, son y deben ser transitorias. A las últimas les dan sustento las situaciones de emergencia o crisis, o como también se suele decir: las situaciones de excepción.
En tal supuesto, las limitaciones se vuelven más restrictivas e intensas pero, de inmediato, hemos de añadir una pauta fundamental: en tanto a los derechos hay que interpretarlos siempre en forma amplia para tender a su maximización, a las normas que limitan los derechos hay que interpretarlas de manera restrictiva”.
Conclusión
Si el Estado tiene que gastar más con menos recursos, si las empresas tienen que producir más con menos insumos, y si la población tiene que aguantar encerrada sin ingresos, ¿cómo nos atrevemos a pensar que la salud puede elegirse antes que la economía? Y por encima de todo, ¿cómo, en ese contexto, podemos pretender que las personas cumplan la cuarentena y combatan el virus?
Si en última instancia entendemos que la economía es la base indispensable para brindar servicios de salud eficientes y para que las personas puedan cumplir las dramáticas medidas de prevención, la frase del presidente se convierte en falaz e irresponsable. Hoy, sacar de la ecuación a la economía contraponiéndola a la salud es una receta que a largo plazo nos llevará a mayores tragedias y a ponderar entre muertos por COVID-19 y muertos por las políticas para combatirlo.
